La Conferencia Episcopal ha lanzado una cruzada en contra de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Algunos padres y madres se han cruzado también y solicitan ser considerados objetores de conciencia. Es decir, sus conciencias les impiden que sus hijos sean educados en tal materia.
El contenido de esta asignatura es el siguiente:
- Familia
- Amor
- Convivencia
- Cuidado de las personas dependientes
- Dignidad personal e igualdad de derechos
- Participación en el centro educativo y ciudadanía
- Identidad y autonomía personal
- Derechos humanos
- Estado de Derecho
- Diversidad cultural
- Cuidado de los bienes comunes
- Protección civil
- Circulación vial
- Desigualdad:riqueza y pobreza
- Conflicto en el mundo actual
- Globalización
Imagínese cualquiera por un momento que es profesor y que le ha tocado en suerte o en desgracia impartir esta materia. Pregunto: ¿Es un contenido lógico para que se trate en las aulas? Parece evidente que sí. ¿No hay mil maneras de tratar estos asuntos para que resulten atractivos, interesantes y que no hieran la sensibilidad de nadie? Sin duda sí. ¿Estarán todos los padres de acuerdo con el enfoque que un determinado profesor dé a algunos de estos temas? Por supuesto que no y además así tiene que ser. ¿O a todos nos gusta cómo interpretan la historia o la filosofía, por decir algunos ejemplos, todos los profesores de todos los colegios? No es necesario responder.
Inferir que con una programación como la anteriormente mencionada se va a hacer una apología del libertinaje sexual, una celebración de la homosexualidad, un ataque frontal a la familia tradicional, una invitación al aborto y no sé qué más cosas, es digno de una imaginación desbocada y calenturienta. Pensar que unos temas tan amplios como los citados van a obligar a todos los profesores a tratar todos estos conceptos de la misma manera, no pudiendo matizar, explicar, informar y aclarar, es digno ya no de imaginaciones calenturientas sino más bien de seres sin ninguna imaginación y que creen que hablar y explicar es siempre adoctrinar. A veces lo que más tememos está dentro de nosotros mismos.
Sigo preguntando: ¿Qué pensaríamos de un padre o una madre que se declarase objetor de conciencia de la asignatura de ciencias naturales por estar ellos en contra de conceptos tales como el Big Bang o la teoría de la evolución? ¿Creerían tal vez que sus hijos ya solo comerían plátanos después de conocer a Darwin?
¿Qué pensaríamos de padres o madres objetores de la educación de las mujeres por no ser esta una costumbre propia de su cultura?
¿Y de los que se oponen a la enseñanza de la anatomía? ¿Les permitirán los jueces no enviar a sus hijos al colegio los días en que haya diapositivas de genitales?
¿Y si no quiero estudiar latín, griego o filosofía porque son de poca utilidad y no me van a dar dinero en el futuro?
Así hasta el infinito y más allá.
La educación debe ser un servicio público. No creo exagerar si afirmo que el 99% de la población (siempre hay alguno raro) acepta esto como algo positivo. El estado se tiene que hacer cargo de sufragar la educación de los ciudadanos. Esto se hace hoy en día bien ofertando el propio estado este servicio (colegios públicos), bien subvencionando colegios privados (colegios concertados). La mayoría de ellos religiosos. Estos segundos subsisten por dos razones: la primera porque hoy por hoy el estado no dispone de medios suficientes para atender a toda la población, y la segunda porque se ha decidido respetar la voluntad de los padres a la hora de escoger el tipo de centro educativo que quieren para sus hijos.
Esto plantea nuevas cuestiones:
¿Debe el estado sufragar los gastos de los colegios privados religiosos o se tendría que limitar a ofrecer una educación pública y laica en centros públicos?
En un estado laico, ¿se debe permitir que a los estudiantes se les adoctrine en el colegio en una religión determinada, siendo este adoctrinamiento materia de una asignatura y que además sea evaluable?
Ahora es hora de las respuestas:
El estado debería ser capaz de ofertar plazas para todos los niños en escuelas públicas laicas.
Si cumpliendo lo dicho anteriormente existe una demanda social exigiendo que sus hijos sean educados en escuelas privadas, se podría satisfacer esa demanda si y solo si se garantiza una enseñanza en contenidos igual a la de la escuela pública.
La enseñanza de la religión, sea esta cual sea, debe quedar fuera del ámbito escolar y, por supuesto, dejar de ser asignatura y mucho menos evaluable.
A pesar de que la mayoría de los ciudadanos profesen una religión determinada, no se ha de hacer distingos entre unas y otras, excepto si alguna de ellas promueve creencias o actitudes contrarias a la legislación del país o a los derechos fundamentales de hombres y mujeres.
No es de recibo que continúe habiendo un concordato con la Santa Sede, es decir, con el Vaticano, que haga que de una manera u otra se subvencione con dinero público la propagación y enseñanza de una religión.
La educación para la ciudadanía se tendría que estudiar obligatoriamente, siempre que sus contenidos no atenten contra nada ni nadie, y no se deberían admitir objeciones, de la misma manera que no se aceptarían objeciones a las matemáticas o al inglés, por mucho que el inglés nos parezca una imposición del imperialismo yankee (go home).
El que pudiendo aprender no aprende es un necio.
He dicho.
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